sábado, 26 de julio de 2008

JOSE ANTONIO Y LOS SOCIALISTAS




Por Carlos Javier Galán



Excelente artículo felizmente encontrado en la web de F.A. que convendría releer y difundir. Si a la memoria histórica, pero TODA, no a la memoria sesgada y maniquea del ZAPATERISMO.



Quizá el título que encabeza estas líneas pueda llevar a pensar que voy a referirme a la actitud que, ante la figura de José Antonio Primo de Rivera, tienen los actuales responsables del PSOE, pero no es así. Quiero evocar el parecer que manifestaron los contemporáneos del fundador de Falange, los dirigentes socialistas que le conocieron personalmente.



El actual gobierno, aquejado de un fervor revisionista e iconoclasta, manifiesta un empeño tenaz en ganar la guerra civil con más de sesenta y cinco años de retraso o, en su defecto, derrocar la dictadura, me temo que también un poco a destiempo. Pero este antifranquismo tardío comete, a la par, la injusticia histórica de meter “en el mismo saco” -en Guadalajara y en otros lugares, tratando de estatuas o de calles- una figura histórica, la de José Antonio que, por cronología, por ideología y por talante –seguro que esto último ZP lo comprenderá- fue absolutamente ajena al régimen del General Franco.



Para los conocedores de la trayectoria de José Antonio, para los iniciados en nuestra historia, este artículo no aportará nada nuevo: son frases ya repetidas. Pero, lamentablemente, tales juicios de valor son, sin embargo, completamente desconocidos para el gran público, para muchos jóvenes actuales, para quienes siguen incurriendo en ese desaguisado histórico que supone vincular al líder del falangismo fundacional con la dictadura franquista, que ni vivió ni propició. Desde esa impresión, merece la pena reproducirlos.



La maleta con los documentos que José Antonio dejó en la cárcel de Alicante, donde fue asesinado, quedó en manos de un importante dirigente socialista, Indalecio Prieto. En carta remitida al Ministro Británico de Asuntos Exteriores, Mr. Eden, Prieto recordaba su relación personal y política con José Antonio, quien en numerosas ocasiones le propuso hacer del PSOE –entonces internacionalista y mayoritariamente defensor del bolchevismo soviético- una formación política de carácter nacional, que asumiera la tradición y valores españoles sin renunciar a sus propuestas revolucionarias y de justicia social: “He dado referencia detallada de mis múltiples entrevistas con el fogoso joven –víctima inenarrable y cuyo sacrificio yo condené y condeno- José Antonio Primo de Rivera”. “¡Cómo quería fundar el Partido Social Español! –revela Prieto- ¡Cómo me alentaba para que yo recogiese lo más sano de lo que en España se llamó Partido Socialista, y marcháramos juntos! ¡Cómo me hizo dudar y vi que estábamos rebasados! Sin guerra civil –inevitable- todo era imposible. Pero no era la guerra que preveíamos la que ocurrió, sino esa ‘civil’ no militar”.



Este ex ministro de la República narra, además, en la misma carta, el episodio en el que los falangistas la salvan la vida cuando algunos socialistas querían acabar con un compañero de partido al que consideraban demasiado moderado: “Cuantos me reprochaban las defensas de ese joven impetuoso y bien intencionado, conocen mi respuesta. Es que también le debía la vida, porque él y su gente me custodiaron hasta mi domicilio, una noche en que algunos, que se decían correligionarios míos, habían acordado ‘abolirme’. Ya conoce V.E., por escrito, el episodio. Son páginas personales que dicen muchas cosas”.



Prieto recordó, en carta a Agustín Mora desde México en 1942, el episodio de la defensa que hizo en el Congreso de los Diputados del voto contrario al suplicatorio para procesar a José Antonio. Explica que en aquella fecha aún “sólo había cruzado la palabra con José Antonio Primo de Rivera en una ocasión. Fue en el Congreso, cuando me levanté a impugnar el suplicatorio para procesarle. Concluía yo de defender a mi correligionario el diputado Lozano contra idéntica acusación de tenencia de armas. Me pareció que el rasero debía ser el mismo para amigos y adversarios, y defendí con igual vehemencia al fundador de Falange. Éste, terminada la votación, que le fue favorable, atravesó los bancos de los diputados de la CEDA [Confederación Española de Derechas Autónomas, de Gil Robles], dirigiendo duras frases a quienes de éstos votaron en contra, y llegando a mi escaño me tendió la mano y me dio las gracias muy conmovido”.


En “Convulsiones de España”, publicado en México en 1967, el exiliado socialista vuelve a recordar a José Antonio, sus planteamientos políticos, y reflexiona sobre la tragedia de la guerra civil española, coincidiendo con la idea que el fundador de Falange Española dejó escrita en su testamento en que una “brecha de serena atención” acaso hubiera evitado el derramamiento de tanta sangre, y apuntando también el deseo de reconciliación nacional: “Data de muchísimo tiempo la afirmación de que en todas las ideas hay algo de verdad. Me viene esto a la memoria a cuenta de los manuscritos que José Antonio Primo de Rivera dejó en la cárcel de Alicante. Acaso en España no hemos confrontado con serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias, que quizá fueran fundamentales, y medir las divergencias, probablemente secundarias, a fin de apreciar si éstas valían la pena de ventilar en el campo de batalla. La confrontación de ideologías, que no se hizo entonces, debe hacerse ahora. Porque es necesario un esfuerzo generoso en busca de puntos de concordia que hagan posible la convivencia, tratándonos como hermanos y no peleando como hienas”.



La cercanía entre Prieto y José Antonio la corrobora, entre otros muchos testimonios, un texto del periodista asturiano y dirigente de la UGT Amaro del Rosal: “Años más tarde de finalizar la guerra, en Mexico [Indalecio Prieto] confesó que después de su famoso discurso de Cuenca, José Antonio Primo de Rivera le mostraba una viva simpatía cada vez que tropezaban en el Parlamento; que había llegado a felicitarle por ese discurso diciéndole que lo suscribía. Ni que decir tiene que el discurso mereció la más dura crítica del ‘caballerismo’ [se refiere al ala más marxista, al sector de Largo Caballero en el PSOE]. Prieto guardaba como una reliquia el testamento y papeles íntimos que José Antonio poseía en la celda de la prisión de Alicante”.
Quien fuera diputado socialista por Gijón en la II República, Teodomiro Menéndez, recordaba que “José Antonio y yo nos sentábamos juntos en la Cámara y pronto nos hicimos amigos... Recuerdo que siempre me decía: ‘Teodomiro, si no fuera por sus ideas religiosas, qué cerca estaríamos usted y yo en política. En el fondo, todos queremos lo mismo’. Y tenía razón”.



El Presidente del PSOE y Presidente del Gobierno en la fecha del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, Francisco Largo Caballero, consideró “lamentable” la muerte del fundador de Falange e intentó exculpar, en su libro de memorias “Mis Recuerdos” (México, 1954) al ejecutivo, aunque ciertamente su testimonio es contradicho por muchos historiadores: “El fusilamiento de Primo de Rivera fue motivo de profundo disgusto para mí y creo que para todos los ministros del Gobierno. Como en todos los casos de condena a muerte por los Consejos de Guerra –y Primo de Rivera fue sometido y juzgado por uno de estos consejos- la sentencia pasó al Consejo Supremo; éste la confirmó y, cumplido este trámite, debería pasar al Consejo de Ministros para ser o no aprobada, costumbre establecida por mi Gobierno. Estábamos en sesión con el expediente sobre la mesa, cuando se recibió un telegrama comunicando haber sido fusilado José Antonio Primo de Rivera en Alicante. El Consejo no quiso tratar una cosa ya ejecutada y yo me negué a firmar el enterado para no legalizar un hecho realizado a falta de un trámite impuesto por mí, a fin de evitar fusilamientos ejecutados por la pasión política. En Alicante sospechaban que el Consejo conmutaría la pena. Acaso hubiera sido así, pero no hubo lugar. Ésta es la estricta verdad respecto a este episodio, tan lamentable y que tan malas consecuencias ha tenido”.



Sí avala la tesis de Largo Caballero un veterano socialista fallecido en 1994, José Prat, que fue senador por el PSOE ya en la actual democracia. En su intervención en un programa de “La Clave” dedicado a José Antonio en 1981, aseguraba: “Me preocupó mucho su situación en Alicante. Y puedo asegurar que el ‘enterado’ de la sentencia de pena de muerte no lo dio el Gobierno y no tiene jurídicamente, yo creo que históricamente, ninguna responsabilidad en la muerte de Primo de Rivera el Gobierno que presidía don Francisco Largo Caballero. Fui testigo de mayor excepción, porque fui asesor jurídico del Ministerio de la Guerra hasta días después de que Largo Caballero formó Gobierno. La costumbre de no ejecutar sentencia dictada legalmente sin el ‘enterado’ del Gobierno era disposición del Código de Justicia Militar y se cumplió rigurosamente, como con el General Goded. En cuanto a la ejecución, no fue ejecución, fue una muerte ilegal la de José Antonio Primo de Rivera. Yo hablé con Largo Caballero, él como ministro y yo como asesor. Le dije lo que había ocurrido y me dijo: el Gobierno no puede dar el ‘enterado’ a una cosa que se ha hecho sin su consentimiento”.



Otro Presidente del Gobierno durante la guerra civil, también de adscripción socialista, el doctor Juan Negrín, consideró el fusilamiento de José Antonio como una “derrota moral”. Lo narra en un libro uno de sus ministros, Mariano Ansó:
“Cierta noche me pareció observar en él una intensa preocupación.
- ¿Qué? ¿Malas noticias de guerra?
- Peor –me contestó desabridamente-. Tengo necesidad de hablarle de algo que me angustia, pero necesito su promesa de silencio absoluto sobre lo que le voy a decir. ¡Han fusilado a José Antonio Primo de Rivera!
En la oscuridad no nos veíamos las caras, pero estoy seguro de que los dos estábamos demudados.
Para él, la ejecución de José Antonio era una gran derrota moral”.



Sin duda, uno de los testimonios más interesantes de los socialistas contemporáneos sobre José Antonio es el de Julián Zugazagoitia, que fue también ministro republicano y dirigió el periódico “El Socialista”. En su libro “Guerra y Vicisitudes de los Españoles”, publicado en París en 1968, este dirigente bilbaino del PSOE recoge estas líneas estremecedoras sobre las últimas horas de José Antonio, reveladoras de su personalidad política y humana: “Primo de Rivera se batió por su vida con denuedo juvenil . Puso en su palabra de abogado la emoción del político. En Alicante habían pasado de los furiosos arrebatos colectivos en que se pedía la inmediata ejecución del caudillo falangista, a la convicción de que en tanto viviera la ciudad no sería bombardeada. Estas suposiciones eran frecuentes. Las autoridades municipales de Cartagena se manifestaron en rebeldía al conocer que la familia del general Pinto iba a ser canjeada, por creer que a la vecindad de los familiares del general se debía el que la plaza no conociese las agresiones aéreas. Como se hiciera el canje, produjeron su barullo de dimisiones irritadas. Con Primo de Rivera sucedía algo parecido. Pero, además, por una de esas reacciones tan fáciles en la sensibilidad del pueblo español, el odio se había truncado en simpatía. Simpatía por el hombre que, sin vaciliación ni debilidad, se encaraba con un destino acedo. Su conducta en la prisión era liberal, cariñosa. En la hora de encierro tejía sueños de paz: esbozaba un gobierno de concordia nacional y redactaba el esquema de su política”.



“Temía –continúa Zugazagoitia recordando los documentos hallados en su celda- una victoria de militares. Eso era, para él, el pasado. Lo viejo. La España del siglo XIX prolongándose, viciosamente, en el XX. Él había ido a injertar su doctrina, confusa, en las universidades y en las tierras agrícolas de la Vieja Castilla. Su seminario estaba constituido por discípulos de aulas y laboratorios, y por jóvenes de la gleba. Su escepticismo por las armas, que le atraían por otra parte, debía tener antecedentes familiares. El respeto y la devoción por su padre no excluían en él la crítica de errores en que incurrió. Él, capitán de hombres jóvenes, proyectaba cosa distinta. De momento, para salir de la guerra, un Gobierno de carácter nacional.”



“La vista del proceso, varias veces diferido, le coloca ante una realidad adversa. No se inmuta. Su palabra tiene una fuerza inusitada. La del hombre que está solo. Intuye cuál será la pena a que le condenan sus jueces y, sin embargo, se esfuerza por convencerles de que no deben ser injustos ni para con él ni para con sus hermanos. Increpa ásperamente a una persona que, en su concepto, ha enturbiado la claridad del proceso. El interesado escucha la admonición sobrecogido. El relámpago de iracundia pasa y queda, en la carne del increpado, un desasosiego que será permanente. Explicación de una doctrina y ratificación de una fe. El resto es conocido. Se dicta la sentencia de muerte. No hay conmutación de pena. Primo de Rivera se encierra a escribir su testamento. Se despide de sus hermanos.”



“La escena la relata Miguel, José Antonio no puede evitar que su emoción se le resuelva en lágrimas al notar la congoja de sus hermanos. Cuando se repone, él es quien consuela. Pide que le consientan morir con la entereza que le cumple, atendiendo su magisterio moral sobre tantos compañeros que han muerto y están muriendo en el combate. Cuando le llega su hora, su templanza es perfecta. Conversa con los hombres del piquete que ha recibido el encargo de ejecutar la sentencia:



- ¿Verdad que vosotros no queréis que yo muera? ¿Quién ha podido deciros que yo soy vuestro adversario? Quien os lo haya dicho no tiene razón para afirmarlo. Mi sueño es el de la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero preferentemente para los que no pueden congraciarse con la patria porque carecen de pan y de justicia. Cuando se va a morir no se miente, y yo os digo, antes de que me rompáis el pecho con las balas de vuestros fusiles, que no he sido nunca vuestro enemigo. ¿Por qué vais a querer que yo muera?



Los milicianos le escuchaban en silencio. Las palabras del reo se les meten dentro y se miran unos a otros, tratando de resolver una incertidumbre. ¿Se habían equivocado los jueces¿ ¿Y si se han equivocado, pueden ellos reparar un error negándose a cumplir lo que les está ordenado? El silencio persiste. Primo de Rivera, con la acuidad de la muerte, lee en la conciencia de los milicianos e insiste, calentando sus palabras, en una acción catequista que es toda su esperanza de seguir viviendo. ¿Quién sabe, piensa, cómo lo ha dispuesto el Señor? Ya su vida está contada por minutos, pero con un solo segundo es suficiente para salvarla. ¿Cuántas resoluciones, humanas o crueles, caben en tan pequeña medida de tiempo? En principio fue el verbo... Busca en las palabras entrañables aquella que pueda ir derecha, certera, como una saeta, al corazón de sus verdugos, atribulados por la idea de poner remate a una existencia que, ahora que se han en contacto con ella, la encuentran noble y digna. Parece como si la esperanza se robusteciese. El reo cree en ella. Se imagina más sólida de lo que de verdad es. Pregunta:



- ¿Verdad que vosotros no queréis que yo muera?



Es lo definitivo. Trata de romper el mutismo de los milicianos. Quiere saber a qué atenerse, porque el tiempo se agota. El plazo de minutos que tiene su vida se está terminando. ¿Qué dicen? ¿Qué contestan? En el silencio de todos parece oírse el trabajo de cada conciencia. ¿Con qué metro medir esa partícula angustiosa de tiempo? Es el que va de una pregunta a una respuesta, en la que se ha intercalado una breve pausa. Uno de los milicianos responde:



- ¡Déjanos en paz! Necesitamos cumplir lo que nos está ordenado. No sabemos si eres bueno o malo. Sólo sabemos que tenemos que obedecer.



Todo está dicho. El reo no tiene que esperar. La ley de obediencia se ha interpuesto entre el verbo del reo y el corazón de los verdugos. Uno y otro tienen que llegar hasta el fin. No son enemigos. Son personajes de un drama inmenso, protagonistas que lo sufren. Si la ley de obediencia no se impusiera, se reconciliarían fácilmente; pero se frustraría la tragedia”.



¿Qué hubieran dicho, casi setenta años después de esa muerte, estos socialistas, contemporáneos de José Antonio, a los actuales dirigentes del PSOE, que vinculan falazmente al dirigente de Falange Española, diputado de la Segunda República, con la dictadura que vino después de su muerte¿ ¿Qué hubieran dicho aquellos líderes del PSOE a sus pretendidos correligionarios de hoy que, al quitar el nombre de José Antonio de las calles y su estatua de un parque, lo hacen con el falaz argumento de borrar los vestigios de la dictadura franquista? No parece muy difícil imaginarlo.

miércoles, 16 de julio de 2008

¿POR QUÉ SUBEN LOS PRECIOS? (de Altereconomía)



Por Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa


Los precios están subiendo en todo el mundo. En los países más pobres el alza del precio de los alimentos está provocando una situación dramática: hambre y escasez, "un crimen contra la Humanidad", tal y como lo calificó con toda razón el relator de las Naciones Unidas para los asuntos de la Alimentación, Jean Ziegler. Los precios de materias primas estratégicas como el petróleo se disparan y provocan subidas sucesivas en todos los mercados y suben también los precios al consumidor en casi todos los países.Se cierne de nuevo el fantasma de la inflación, pero justamente cuando eso ocurre no podemos olvidar dos cuestiones esenciales.


La primera es que la subida de precios, aunque siempre objeto del debate económico, es uno de los fenómenos económicos conscientemente peor y más equivocadamente analizados, pues las explicaciones teóricas de la inflación se utilizan para justificar políticas radicalmente anti sociales.


La segunda, que la inflación no solo tiene causas sino también y sobre todo propósitos porque, en la mayoría de las ocasiones, los grupos con poder pueden mejorar la posición en la distribución de la renta desencadenándola.


Es por estas dos razones que conviene ser inteligentes y no dejarse llevar por los análisis tan sesgados que pueblan los medios y los discursos políticos. Respecto a los precios al consumo en países europeos como España hay que señalar en primer lugar que su alza no es del todo nueva. La realidad es que se está produciendo desde la entrada del euro, aunque se viene disimulando gracias a la tramposa configuración de los indicadores estadísticos, sucesivamente modificados para evitar que adquiera rango oficial la efectiva sensación de pérdida de poder adquisitivo que sienten los ciudadanos.Y sobre la subida de los precios de los alimentos, e incluso del petróleo y otras materias primas, no hay que olvidar que justamente se está produciendo cuando los especuladores han tenido que dejar los mercados financieros como consecuencia de la crisis inicial de las hipotecas.


Pero ahora, como siempre, sea lo que sea que esté ocurriendo, cuando los precios suben en mayor o menor medida, las autoridades económicas de signo liberal no tienen en su boca nada más que una misma cantinela: hay que moderar los salarios (porque los precios suben -según dicen- como consecuencia de subidas previas en los salarios) y hay que subir los tipos de interés (porque también dicen que si suben los precios es que hay excesiva cantidad de dinero en circulación y para reducirla hay que subir su precio). El Banco de España, por ejemplo, ya ha recomendado públicamente la congelación salarial a pesar de que España es el único de los 30 países miembros de la OCDE en el que el poder adquisitivo de los salarios está bajando desde 1995.


Y, por su parte, el Banco central Europeo se empeña en subir los tipos a pesar de las generalizadas voces que indican que eso, en lugar de favorecer a la economía e incluso a los precios, provocará una mayor crisis. Aunque, eso sí, también grandes beneficios para la banca y los propietarios de capital (sólo la subida que se produjo hace unos días como consecuencia de la "indiscreción" de su gobernador, ni siquiera como efecto de una medida formal, provocó un coste de 3.000 millones de euros a las familias hipotecadas, o lo que es lo mismo, un mayor ingreso de esa misma magnitud a los bancos, lo que deja bien claro para quién trabaja y al servicio de quién está el Señor Trichet).


En suma, siempre una misma doble respuesta ante la inflación que se traduce inexorablemente en una mejora de los beneficios y las plusvalías en el conjunto de las rentas y en la mayor explotación y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.


Pero las verdaderas causas de las subidas de los precios hay que buscarlas en otros sitios. Veamos, por ejemplo, el caso de los precios y los salarios. Es verdad que si los salarios subieran de modo continuado eso aumentaría los costes de las empresas. Pero, ¿necesariamente se produciría entonces inflación, es decir, trasladarían inevitablemente las empresas esos costes más altos a los precios de venta? Lógicamente, sólo podrían hacerlo... si pudieran.No es un juego de palabras. Es que las empresas pueden subir los precios cuando suben los costes sólo si tienen poder de mercado, si se enfrentan a una demanda cautiva (o, como decimos los economistas, muy inelástica, es decir, que apenas disminuye cuando sube el precio). Si eso no ocurre, las empresas que ven subir sus costes salariales (u otros cualquiera) tienen que reaccionar de otro modo si no quieren salir del mercado: mejorando la calidad, las condiciones de venta, la productividad mejorando las técnicas de producción, etc. ¿Qué ocurre en España? Pues que ni siquiera teniendo salarios más bajos las empresas son capaces de hacer frente a las subidas de costes que soportan, y lo que buscan es procurar tener poder de mercado e imponer a los consumidores precios más altos que les proporcionen beneficios extraordinarios.


Los economistas del Banco de España que estudian la inflación, y sus responsables políticos, deberían ser más perspicaces antes de decir siempre lo mismo: que hay que bajar los salarios. ¿Por qué no mencionan en el hecho de que en España, donde se quejan por precios más altos, hay salarios más bajos y que crecen menos, pero beneficios empresariales siete veces más altos que en el entorno europeo? Una muestra indiscutible de que no son los salarios lo que sube los precios, aunque no parece que eso llame la atención la inteligentsia de Banco. Lo que ocasiona la inflación, al contrario de lo que los poderosos y los economistas a su servicio nos quieren hacer creer, es el mayor poder de mercado de las empresas. Gracias a él influyen en el gobierno para que acepte tarifas más elevadas, para que no combata las estrategias anti competitivas y las que despilfarran millones de euros para fidelizar a los clientes y así disfrutar de una demanda más rígida. Y gracias a él pueden imponer a sus consumidores precios más altos.Y esto no solo pasa en España con los precios al consumidor. Los precios de los alimentos o los del petróleo están subiendo por la misma razón de fondo: porque las grandes corporaciones imponen su ley, porque los gobiernos las dejan hacer, porque hablan y hablan de mercados libres y de competencia cuando lo que existe de verdad son mercados sumamente imperfectos, oligopolios con más poder que los gobiernos y con influencia suficiente en los mercados como para imponer precios que constantemente les garantizan beneficios extraordinarios.


Siempre hablan de salarios para explicar las subidas de precios, pero nunca se refieren, por el contrario, a los enormes gastos financieros que imponen bancos que actúan en mercados corruptos, en donde no ha existido competencia prácticamente nunca. No hablan de los despilfarros en publicidad, en financiamiento a grupos de presión, en inversiones irracionales, en los costes que supone la especulación debido al riesgo que lleva consigo y que se trata de conjugar logrando beneficios muy altos en las operaciones exitosas. No se dice, por ejemplo, que si el coste de producción de un barril de petróleo de Arabia Saudí es de unos 6 dólares, la especulación añade un coste de entre 30 y 40 dólares.Ni, por supuesto, tampoco hablan de los costes que imponen los grandes intermediarios. Diversas organizaciones agrarias y de consumidores han calculado en España un Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que les ha permitido comprobar que los alimentos se encarecen de media un 436% (y en algunos casos hasta un 900%) desde el campo hasta la mesa.No se habla, en suma, del PODER para maquinar sobre el mercado, que no es algo que precisamente esté al alcance de los trabajadores, ni de su desigual distribución. Si quisieran que los precios no subieran como están subiendo donde habría que actuar es sobre ese poder antisocial, desigual y nefasto. Lo demás son excusas con un único propósito: hacer que los beneficios suban sin cesar.


Altereconomía.org, 16 Junio 2008.bl


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miércoles, 2 de julio de 2008

MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN (de www.upyd.es)


23 de junio de 2008


Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.


Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:


1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.


2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).


3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.


4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.


Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:


1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.


2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.


3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.


4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.


5.. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.


Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.